A legalizar, a legalizar

No es posible librarse de oír mes tras mes la consuetudinaria protesta contra la guerra antidrogas, cuyo comienzo se atribuye falsamente al gobierno de Nixon en 1971. Yo creo que mucha gente de verdad cree que antes se podían comprar en las tiendas y misteriosamente a nadie se le había ocurrido envasarlas y ponerles nombres comerciales.

Esos discursos son característicos de Colombia porque son una excusa de la narcoindustria. Lo más fácil que se podría pedir si en lugar de simplemente oponerse a que se practique la persecución del narcotráfico para favorecerlo se estuviera pensando en resolver el problema, es que legalizaran el narcotráfico los países que se distinguen por estar siempre en contra de EE UU, como los de la vieja Europa. O alguno. ¿En qué país es libre comerciar con cocaína y heroína? ¿En qué país lo ha sido?

La ley no perseguía el comercio de cocaína y morfina cuando estaban recién inventadas, entre otras cosas porque su venta fuera de los círculos terapéuticos era mínima y su precio inasequible a la gente humilde. Eran épocas, hace sólo un siglo, en las que quien se ganara en Europa o Norteamérica cada mes lo que le permitiera comprarse lo mismo que permite hoy el salario mínimo colombiano se podía considerar afortunado. (Claro, excluyendo cosas que no estuvieran inventadas. Sólo una prenda de ropa, un par de zapatos, un kilo de pan o de cualquier alimento, un metro cuadrado de vivienda, etc.)

Tampoco en Colombia ganaría las elecciones alguien que prometiera que la gente pudiera comprar marihuana o basuco en las tiendas. Sólo se trata de proteger el negocio con excusas odiosas. ¿Es que los estadounidenses obligan a los productores de cocaína a exportar su producto? Hay un punto en el que la mezcla de idiotez y cinismo como que fuerza los linderos de la condición humana.

A tal punto es cierto eso que digo, que la última exigencia es que los legisladores estadounidenses eliminen la penalización de las drogas como si fuera un capricho particular de unos cientos de señores. Como a fin de cuentas en Colombia las leyes tienen patrocinadores y la opinión general no cuenta, pues a los editorialistas y gente afín no les cuesta nada imaginarse que es así. O mejor dicho, presentar a los lectores susceptibles de embelesarse con la retórica nacionalista eso que saben que no es posible, que implicaría la supresión de la democracia en ese país.

Antes de que el votante estadounidense apoyara la liberalización de ese mercado sin duda estaría dispuesto a admitir que su gobierno pagara toda la deuda externa colombiana, cosa que en promedio a cada ciudadano le saldría por poco más de cien dólares. ¿Por qué no pedirles más bien eso?

Porque el fenómeno de degradación monstruosa de todo sentido moral termina implicando que mientras cientos de miles de colombianos tienen alguna relación directa con ese negocio, y varios millones se benefician indirectamente, la culpa es de ellos que permiten ese enriquecimiento. ¿Por qué no culpar también a los joyeros que incentivan la codicia de nuestros jóvenes pistoleros y a las ancianas que no renuncian a la vanidad y salen a la calle con joyas, condenando a nuestros raponeros a entrar en ese círculo criminal?

Yo no sé si despenalizar las drogas sea una solución para ese problema. Creo que la prohibición relativa es un filtro que permite a esas sociedades una asimilación lenta de ese nuevo mundo de bienestar material y cultura de masas para el que nadie está preparado, y que ya en su primera embestida en los sesenta dejó muchos miles de víctimas, por no hablar del papel que tuvo la heroína en la propagación del sida en Europa. Tal vez la solución vendría de una combinación de liberalización del comercio y penalización del consumo (exclusión de la sanidad pública, permiso para imponer controles a las empresas, controles a los empleados públicos de cierto rango y a los estudiantes de universidades que así lo dispongan, etc., vigilancia sobre los menores y también controles en los colegios, etc.).

Lo que sí sé es que quienes difunden esa propaganda en Colombia no están pensando en acabar con los problemas que el consumo masivo de drogas genera, sino tratando de salvar a diversos beneficiarios de un negocio cuya persecución buscan evitar. Ya es característica la obsesión de Daniel Samper para que no se fumiguen los parques nacionales, sabiendo muy bien que de no perseguirse los cultivos en esos sitios sencillamente habría una tala general.

Sólo están protegiendo ese negocio porque a fin de cuentas esas rentas ilegales apuntalan ciertos poderes tradicionales, ciertos negocios legales, como el de la finca raíz, que permitieron en su día acumular fortunas más estables que las de los narcotraficantes a gente que sabía qué hacer con la plata. Por no hablar de las facciones políticas que han visto retroceder su poder a causa del ascenso del uribismo y de la alianza con EE UU.

Otra prueba: si el glifosato es tan malo y la erradicación manual no es posible por la resistencia de los narcoterroristas, ¿por qué no alentar una intervención masiva y breve de fuerzas especiales que den un golpe definitivo a las FARC? Eso lo rechazan aún más.

Y el problema es que muchos colombianos caen en la lógica en que quieren hacerlos caer: ¡qué jartera tener que combatir el narcotráfico!

Otros nos planteamos, en medio de los insultos, las calumnias, las incomprensiones interesadas, los chillidos del coro de barbilindos que no entienden que pueda haber otra cosa en el mundo que presumir de los libros que leen y de los idiomas que conocen, sacudir las conciencias para que la gente se plantee de verdad construir un país homologable, no un «paraíso moral» (a la manera de los «paraísos fiscales» adonde va el dinero sucio). No es tan difícil entenderlo.